COMUNICADO PÚBLICO MAPUCHE

El gobierno chileno, actuando una vez más de espaldas a los pueblos indígenas que habitamos este país, ha enviado un proyecto de ley para supuestamente otorgarnos un “reconocimiento constitucional”.

Esta iniciativa nuevamente desconoce la voluntad de nuestros pueblos, manifestada al conocerse cada uno de los anteriores intentos de reconocimiento iniciados por los gobiernos de la Concertación.

En primer lugar, la Presidenta de la República ha actuado sin intentar ningún mecanismo de consulta para recoger la voluntad de nuestros pueblos, en cuanto a los términos del texto legal. En ello, como en otros asuntos relativos a nuestros pueblos, la Presidenta ha actuado muy mal asesorada por la Ministra de Planificación y otros personajes que nuestros pueblos juzgarán por el nefasto y siniestro papel que han jugado dentro de la estrategia global de dominación en nuestra contra.

Todos sabemos que una redacción contraria a nuestros derechos nos significará, no un beneficio, sino una nueva medida de opresión material y cultural. El reconocimiento constitucional que queremos dista de los proyectos que permiten mantener un régimen racista dentro de una envoltura distractora y engañosa.

La propuesta gubernamental es enviada al parlamento chileno, en los momentos mismos en que el gobierno envía nuevos contingentes policiales a reforzar el estado de amedrentamiento contra el pueblo mapuche.

Mientras algunos yanakona se prestan para aparecer junto a las autoridades en los actos con que éstas celebran el haber enviado este nuevo “volador de luces”, hay comunidades mapuche lafkenche que están siendo amenazadas de expropiación de terrenos ancestrales, a fin de realizar un megaproyecto de carretera que destruye el ecosistema y reduce la calidad de vida de las comunidades afectadas. El Estado está ejerciendo actos de violencia e imposición sin respetar el artículo 34 de la llamada Ley Indígena, que obliga a los organismos del Estado a consultar a las comunidades y respetar su derecho frente a las iniciativas que las afecten.

La Concertación no tiene la mayoría necesaria para hacer viable la iniciativa legal, por lo que nuevamente nos está ofreciendo lo que no es suyo. Con respecto a la derecha, una vez más quedará demostrado que ésta actúa sólo de acuerdo a sus intereses materialistas y racistas.

Por eso, esta iniciativa no es un intento serio de solucionar nuestra falta de reconocimiento constitucional, sino una maniobra para ocultar el verdadero carácter racista de las políticas públicas, de acuerdo a la estrategia racista de la Ministra Hardy.

Se hace confusión al presentar este quinto intento en el contexto del “Bicentenario”. Los pueblos indígenas no tenemos nada que celebrar junto al Estado chileno en su llamado Bicentenario.

No nos dejaremos engañar por esta maniobra publicitaria realizada para ocultar la dominación neoliberal.

Postulamos un reconocimiento consensuado con las organizaciones indígenas.

Hacemos nuestro el llamado del Consejo de Todas las Tierras a exigir del Estado, la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: algo que sí el Estado puede asumir si tuviera la voluntad de hacerlo.

Coincidimos con el Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas en el sentido de que el Senado debe asumir la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Los pueblos indígenas unidos sí podemos levantar una auténtica propuesta de reconocimiento constitucional favorable a nuestros pueblos. Hagámoslo.

Santiago, Wallmapuche, 21 de octubre de 2007.

JOSÉ LLANCAPAN CALFUCURA

CONSEJERO INDÍGENA URBANO

Kolectivo We Newen