Lunes 26 de Marzo de 2007
DECLARACIÓN PÚBLICA
Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM)
A la opinión pública regional, nacional e internacional
Los últimos acontecimientos vividos en el País Mapuche parecieran reafirmar nuestra percepción sobre la nula disposición que posee el Estado chileno y el gobierno de la Sra. Michelle Bachelet para otorgar una salida favorable a nuestra histórica reivindicación por el reconocimiento, respeto y ejercicio de nuestros derechos como Pueblo, condiciones indispensables para nuestro desarrollo futuro y el establecimiento de una Nueva Relación entre el Estado y la Nación Mapuche. A pesar de haber tendido puentes de acercamiento y desarrollado propuestas políticas que fueron expuestas ante la propia mandataria en Santiago, vemos como las autoridades persisten en su falta de compromiso con dicho proceso de diálogo, dilatando por un lado su respuesta e incrementando, por otro, medidas represivas que en nada contribuyen a la mantención de las confianzas.
La Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) es una expresión de unidad al interior del movimiento social mapuche, un referente que agrupa a más de 35 organizaciones territoriales, urbanas y estudiantiles desde Arauco hasta la Provincia de Aysén, y que ha apelado a la posibilidad de un entendimiento amplio con el Estado y la sociedad chilena en su conjunto, todo ello sobre la base del reconocimiento y respeto de nuestros derechos políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales. Nos comprometió además en este esfuerzo nuestro compromiso permanente con el diálogo político y la voluntad manifestada por el gobierno de Michelle Bachelet de generar espacios de “consulta y participación” para abordar nuestras reivindicaciones y demandas.
Sin embargo, vemos con preocupación como nuevamente las publicitadas buenas intenciones de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia siguen quedando solo en los discursos de campaña y las frases hechas para la televisión. Por un lado se nos habla de “participación y gobierno ciudadano”, pero por otro vemos como se incrementa en nuestro territorio el avance de las grandes empresas chilenas y transnacionales. Todo ello sin consulta, sin participación y sin el más mínimo asomo de un cambio de actitud por parte de las autoridades nacionales y regionales, estas últimas preocupadas más bien de los intereses del empresariado y no de abordar responsablemente los graves problemas sociales y ambientales que aquejan a la ciudadanía –mapuche y chilena- en su conjunto.
La presidenta Michelle Bachelet ha cumplido con el ritual de casi todos los gobiernos de la Concertación, desde el fin de la dictadura militar, en materia indígena. Nos referimos a la implementación de alguna “mesa de diálogo” o “comisión de trabajo” a fin de mostrar ante el país –y en los últimos años ante organismos internacionales- que existe una preocupación especial del estado por nosotros. Y mientras esperamos que el gobierno de respuesta a las propuestas planteadas al estado chileno por los consejeros indígenas y nuestras propias organizaciones, vemos como brillan por su ausencia en las prioridades legislativas de su gobierno para el año 2007 importantes demandas de nuestro pueblo, tales como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el negado reconocimiento constitucional.
La intervención de nuestro territorio por parte de un modelo de desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales, continúa generando graves perjuicios a nuestra población nacional. Los megaproyectos y las inversiones públicas que atentan contra el ecosistema y nuestras propias formas de vida, el ixofil mogen, avanzan progresivamente y sin pausa por diversos territorios. Las empresas forestales, principales responsables de la devastación ambiental del Wallmapu, continúan su proceso de expansión en la zona sur, apoderándose de nuevos territorios y empobreciendo las escasas tierras que aún habitan nuestras comunidades a un costado de sus plantaciones industriales.
Nuestra gente, en diversas zonas, sigue estando condenada a convivir con basurales, vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas que además de dañar el medio ambiente, afectan gravemente su salud y calidad de vida. En la zona williche de Chiloé, las empresas transnacionales salmoneras y sus socios chilenos agrupados en SalmonChile, prosiguen con la destrucción del borde costero, impactando gravemente el medioambiente y un patrimonio paisajístico de renombre internacional producto de la contaminación de sus plantas de procesamiento y jaulas de criadero.
Estas mismas empresas, símbolo para el gobierno de “progreso y bienestar”, condenan a diario nuestros hermanos y hermanas williche a condiciones laborales de “trabajo esclavo”, tal como consignan estudios de organismos no gubernamentales e inclusive informes del propio Parlamento chileno. En Pargua, lado norte del Canal de Chacao, nuestros peñi, lamgen, de la comunidad Pepiükelen han debido recurrir ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Washington, buscando aquella justicia que el gobierno y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) les han negado en su propia tierra, cercada hoy por plantas de empresas salmoneras.
Junto con lo anterior, nuevos peligros se asoman en el horizonte para nuestro territorio y nuestra gente, como las empresas mineras que amenazan con explotar vastas zonas de la Provincia de Arauco y contaminar con sus desechos la ribera del lago Lleu-Lleu; el ducto que la empresa Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) pretende construir en la costa de Mehuin; proyectos geotérmicos e hidroeléctricos proyectados por Endesa y capitales noruegos en la zona cordillerana de Panguipulli y Liquiñe; y la construcción, por parte del Ministerio de Obras Públicas, del nuevo “Aeropuerto de La Araucanía” en medio de comunidades del sector de Kepe, megaproyecto que cuenta con respaldo total de las máximas autoridades regionales.
La existencia hoy de diversos conflictos territoriales son consecuencia directa de este modelo de desarrollo económico y del no reconocimiento de aquellos derechos que nos asisten como Pueblo. No se trata de la acción de “violentistas” o de los planes de organizaciones mapuche “clandestinas” operando desde las sombras, a quienes solo es posible aplicar “mano dura” y legislaciones heredadas de la dictadura militar de Pinochet. Muchos conflictos por la reivindicación de espacios territoriales continúan sin solución, no se han detenido, a lo más se han contenido como consecuencia de la brutal represión que nos ha afectado. Es lo que acontece hoy en las zonas de Lleu-Lleu, Ercilla, Kepe, Wilio, Panguipulli y la Península de Likanray.
Es esta lucha política y social de nuestro Pueblo Mapuche aquella que los sucesivos gobiernos de la Concertación han optado por criminalizar, llevando a tribunales a cientos de ciudadanos de nuestro pueblo y encarcelando a más de una treintena de dirigentes sociales. La reciente detención y exhibición pública como “peligrosos terroristas” de los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, José Llanquileo y José Huenchunao, solo demuestra que los mapuche seguiremos siendo blanco de políticas represivas bajo la actual administración. También del racismo de autoridades que desconocen absolutamente el trasfondo político, cultural e histórico de nuestra lucha, tales como el Subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD), quien no dudó en anunciar tras el arresto de Huenchunao “el fin de una historia”.
Señalamos que nada llega a su fin con la detención de uno o dos dirigentes. Los mapuches hemos luchado desde siempre y le aseguramos al señor Felipe Harboe que sus nietos serán también testigos de aquello. Para nosotros y para toda la Nación Mapuche estos golpes represivos, propios de regímenes dictatoriales, solo refuerzan nuestra convicción de seguir avanzando y no claudicar en nuestros propósitos. A su vez, refuerzan entre organizaciones, comunidades y dirigentes hijos de un mismo Pueblo aquellos lazos de solidaridad que la propia acción del estado y sus organismos de intervención habían logrado debilitar. Es por ello que demandamos el fin de esta persecución policial, el retiro de las fuerzas policiales asentadas en las zonas de Lleu-Lleu y Temucuicui, y reivindicamos a los peñi y lamgen encarcelados como Presos Políticos Mapuches.
Todo lo descrito en esta declaración nos afecta como Pueblo y sin duda afecta también el proceso de diálogo al cual nos comprometimos con la Presidenta Michelle Bachelet. Denunciamos hoy que es el gobierno y no el movimiento mapuche quien está deslegitimando, con la torpeza y contradicción de sus políticas, un proceso de diálogo en el cual depositamos parte de nuestros anhelos y esperanzas. Hoy anunciamos con responsabilidad que en fecha próxima convocaremos a una serie de movilizaciones sociales al interior del País Mapuche, en sus múltiples expresiones y formas según estimen nuestras organizaciones. Y señalamos a su vez que de no existir prontamente señales claras del Ejecutivo en orden a generar un nuevo clima de acercamiento, haremos uso de nuestro legítimo derecho a dar por finalizada esta instancia de diálogo.
¡¡...WEWAIÑ PU PEÑI KA PU LAMGEN...!!
Firman los miembros del Comité Político de la COM:
- Galvarino Reiman, Identidad Territorial Nagche.
- Adolfo Millabur, Movimiento Identidad Lafkenche.
- Gustavo Quilaqueo, organización Wallmapuwen.
- Berta Nahuelhuen, Asociación Indígena “José Huenteo Raín”, Castro.
- Francisco Vera, Comunidad Mapuche Pepiükelen, Pargua.
- Rosendo Huenuman, Asociación Newentuleaiñ de Nueva Imperial.
Temuko warria mew, Wallmapu
Contacto de Prensa:
Gabriela Calfucoy
Fono: 9/0046154
Email: ragiantu@yahoo.es
Kolectivo We Newen